por Qk

Ni siquiera la energía eólica, un sistema ‘limpio’ de obtención de potencia eléctrica, se salva del ansia multiplicadora de los empresarios. El pasado 23 de noviembre de 2004 y el 7 de marzo de 2005, se producían sendas denuncias por presunta corrupción en el concurso de asignación de potencia eólica elaborado por la Consejería de Industria del Gobierno canario, que en aquel entonces estaba en manos del Partido Popular. Los nombres de Celso Perdomo, antiguo director general de Industria, Wilebaldo Luis (este, además, ya contaba con nombre de mafioso) empresario vinculado a CC y, nada menos que José Antonio Martín y Martín, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, son nombres claves para entender una trama que ha dado y dará que hablar en este paraíso de la corrupción que es Canarias.

Fueron el gerente de Promoción Internacional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Cabrera, y el empresario y ex director comercial de Siemenca SL, Alberto Santana, los primeros que pusieron la voz de alarma denunciando ante los tribunales tráfico de influencias y de información privilegiada en torno al concurso que debía elegir quien se llevaría el ‘caramelito’ relleno de dinero que supone el negocio de la energía eólica.

A partir de la denuncia de Santana, la policía empieza a hacer averiguaciones sobre una trama de contactos que pretendía conseguir que diferentes empresas concurriesen al concurso con la seguridad de aparecer en el listado de adjudicatarias de potencia eólica. Vamos, una trama de las de libro, pero con la extraña utilización del correo de la empresa como prueba principal de estos contactos. Y digo extraña porque, ¿a quién se le ocurre utilizar el correo del curro para recabar apoyos ilícitos para un concurso público?

Se están perdiendo las formas corruptas en Canarias, o quizás es que está tan extendida esta práctica que ya ni se preocupan en no dejar huellas. Como no podía ser de otra manera, un experto en estas artes del delito a gran escala, José Miguel Suárez Gil, el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas (Zorro Plateado como lo llaman con cariño algunos medios), está presente en toda esta trama (a través de familiares tan directos como su hijo, que trabaja en una de las empresas ‘favoritas’ del Gobierno) pero, sorpresa, no hay de qué acusarle.

INFORMACIÓN

Al parecer, el meollo de la cuestión está en la empresa que regenta Wilebaldo Luis, que para darle más celeridad al reportaje, a partir de ahora le llamaremos con el apelativo cariñoso de Willi. Willi era el responsable de una empresa (Gesco) que, según el empleado que lo denunció, era una tapadera para poder dedicarse al fraude fiscal, a la recepción de subvenciones públicas, a la emisión de facturas a la Cámara de Comercio y "a corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos persiguiendo un único objetivo: el lucro personal de unos pocos mediante el fraude y la corrupción en contra de los intereses de nuestra sociedad". El pobre hombre, claro está, lo negó todo y se echó a llorar, literalmente, cuando vio sus fotos en la prensa.

Según publicó Canarias 7 el pasado domingo 29 de enero, además de las personas nombradas existen otras diez que podrían estar implicadas en este tráfico de información privilegiada y ruego de favores públicos. Al parecer, la policía cuenta con e-mails y escuchas telefónicas bastante comprometedoras en este sentido, así como el rastreo de unas posibles comisiones por la recepción de estas informaciones y favores que se gestaría presumiblemente en cuentas en Luxemburgo, que como es chiquitito, parece que allí nunca te cogen.

UN JUEZ CORRUPTO

Pero si pensaban que todo esto era lo suficientemente complicado como para no entenderlo, ¿que pensarían si les digo que a toda esta trama también se suma la denuncia de trato de favor de nada menos que José Antonio Martín, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas? ¿Cómo entra este hombre también en la trama eólica? Pues a través de nuestro amigo Wili, que está en todo.

Según cuentan los periódicos, Wili intentó alcanzar el favor de este juez (este Wili pidiendo favores a todo el mundo, ¿a cambio de qué?) para que hiciera lo posible en el caso de los hermanos Bornia Bordón, investigados por narcotráfico. Pero esto necesita una explicación a parte.

Julio y Rafael Bornia Bordón son dos hermanos que se relacionan con el presidente de la Audiencia Provincial porque, según cuentan los periódicos, el primero fue absuelto de un delito relacionado con drogas por una sentencia en la que era ponente el propio Martín, mientras que el segundo se encuentra en prisión provisional por su relación con dos delitos por narcotráfico y blanqueo de capitales. Para este hermano también descarriado era para el que el amigo Wili intentaba encontrar el favor del presi.

Con lo cual, nos queda un nada desdeñable caso de corrupción a dos bandas que, de probarse como ciertos los hechos denunciados, deberían dar paso a una crisis institucional sin precedentes en la Comunidad Autónoma. Aunque nos da en la nariz que va a ser que no, porque nuestros listos, pero despistados políticos, en un ejercicio de poca vergüenza institucional han solicitado (los tres a la vez y más de un año después de las denuncias) una comisión de investigación para que no se esclarezca nada, que es para lo que sirven estas cosas.

Mucho nos tememos que, dada la fama de bananera (aparte, claro está, de nuestros sabrosos plátanos) que tiene esta república canaria, todo quedará en alguna que otra detención y/o dimisión de algún chivo expiatorio, mientras que quedará, como siempre, flotando en el viento, la más que notoria impunidad del delito que apesta nuestro aire. Y eso no hay molino de viento que lo difumine.